En una radiografía precisa y crítica del nuevo acuerdo entre el Gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Secretario Administrativo Financiero de la UNSJ Mg. Ricardo Coca no dejó dudas: “Si tuviéramos que titular esta columna, diríamos ‘Presupuesto del Fondo’”. Con esa frase, abrió un análisis detallado de las condiciones que impone el organismo internacional y su impacto directo sobre la economía local, el consumo, el empleo y la vida cotidiana de la población.
Presupuesto sin Congreso: “El Fondo te dice cuál tiene que ser”.
Argentina llega a 2025 sin un presupuesto aprobado por el Congreso. El de 2023 fue prorrogado en 2024, y este año se repite la maniobra. “Entonces aparece este acuerdo con el Fondo que el Gobierno plantea como la tercera etapa del programa económico, pero ha sido más bien un salvavidas para enfrentar una pérdida muy fuerte de reservas del Banco Central”, explicó Coca.
El préstamo de 12 mil millones de dólares otorgado por el FMI se integra a un paquete mayor —más de 20 mil millones— que el Gobierno buscará completar con otros organismos multilaterales. “Saben que no alcanza, pero la idea es prolongar esta situación para llegar con algo de aire a las elecciones de octubre”, señaló.
Metas exigentes, economía frágil.
Uno de los ejes más cuestionados por Coca fue la inconsistencia entre las metas pactadas con el FMI y la realidad económica del país. “El Fondo plantea que Argentina debe crecer un 5,5%, pero hoy no se ve una curva de crecimiento que permita creer en esa proyección. También fija una inflación del 18 al 23% para este año, algo inviable cuando ya acumulamos aumentos considerables y la inflación mensual fue del 3,7%, con alimentos trepando al 5,9%”, detalló.
A esto se suma el compromiso de “emisión cero” y una meta de acumulación de reservas netas por 4 mil millones de dólares hacia diciembre. “Antes del préstamo, teníamos reservas netas menores a 12 mil millones. Es decir, se está recuperando lo que ya se había perdido”, advirtió.
Reforma del Estado, ajuste fiscal y coparticipación.
El FMI también apunta a reformas estructurales. “Pide revisar el sistema previsional: edad jubilatoria, aportes y otros aspectos. Exige modificar el sistema tributario, eliminando impuestos que considera ‘distorsivos’, como el impuesto al cheque”, señaló Coca. Pero el punto más sensible es la presión sobre las provincias: “Plantea reducir al mínimo las transferencias y revisar el sistema de coparticipación. Se está metiendo en la arquitectura institucional del país”.
El compromiso de alcanzar un superávit fiscal del 1,3% del PBI implica un ajuste duro: “Eso exige recortar 10,5 millones de pesos. Cero obra pública, mantener el salario público por debajo de la inflación y quitar los subsidios energéticos”, indicó. Y remarcó la idea del oficialismo de realizarlo después de las elecciones de Octubre «para no suicidarse».
Devaluación silenciosa y su impacto.
Coca también hizo foco en la reciente devaluación del 10%, disfrazada de “flotación”. “El día viernes se vendieron 400 millones de dólares. O muchos fueron perspicaces o alguien tuvo información anticipada. Esta devaluación ya fue trasladada a precios: las grandes alimenticias aumentaron listas en un 10%. Y se suma al 120% que tuvimos en diciembre de 2023”, analizó. Con esto, el Gobierno acumula una inflación de alrededor del 130% en dos años.
“La inflación no es solo un fenómeno monetario, como dice el Gobierno. También está la inflación por expectativas. Los empresarios ya comenzaron a ajustar precios anticipándose a lo que viene”, agregó.
Caída del consumo y riesgo de desempleo.
El escenario no es alentador: “La caída del consumo interanual en marzo fue del 6,9%, y ya llevamos 13 meses consecutivos de baja. Si a eso se suma la apertura de importaciones, los sectores industriales que compiten con el exterior van a empezar a expulsar trabajadores. El Estado ya lo está haciendo”, explicó Coca, ante la consulta sobre el impacto en el empleo.
En cuanto a la eliminación del Impuesto País, señaló que fue una medida regresiva y poco efectiva: “Era un impuesto distorsivo que afectaba a quienes podían consumir en el exterior. Pero su eliminación representa una pérdida de recursos para el Estado, que ahora necesita motosierra para compensar y alcanzar ese superávit”.
Un colchón político que no alcanza para todos.
Sobre el horizonte electoral del Gobierno, Coca fue cauto: “Este acuerdo da un pequeño colchón. Permite llegar con más calma frente a una devaluación que era inminente. Pero es solo postergar el conflicto. La última vez que el FMI negó un préstamo —mucho menor que este— fue el final de Cavallo y el inicio del corralito”.
Por eso, advirtió: “Hay un interés geopolítico en sostener al actual Gobierno. Pero el humor social es impredecible, y el impacto en la gente se va acumulando lentamente. No hay garantía de que este camino tenga respaldo popular en octubre”.