La universidad pública atraviesa un momento complejo. Presupuestos congelados, obras paralizadas, recortes que impactan en cada rincón del sistema. En ese escenario, instituciones como la Universidad Nacional de San Juan hacen lo posible por seguir funcionando, aun cuando los recursos no alcanzan.
Se mantienen becas, comedores, transporte y clases presenciales. Pero cada una de esas políticas implica hoy un esfuerzo enorme. Los fondos llegan tarde o no llegan. La investigación, motor clave del desarrollo, queda relegada. Y con ella, también el futuro de muchos jóvenes.
Esta situación no es aislada. Se repite en hospitales públicos como el Garrahan, donde médicos reclaman condiciones básicas; en jubilados que no llegan a fin de mes; en merenderos que ya no dan abasto. El recorte no es solo presupuestario: es social, y afecta directamente la vida cotidiana de miles de personas.
Ricardo Coca, Secretario Administrativo Financiero de la UNSJ, lo dijo con claridad:
“Si queremos que la universidad no sea solo transmisiva de saberes ajenos, hay que invertir en investigación propia.”
Sin ciencia nacional no hay soberanía, y sin soberanía no hay posibilidad real de elegir nuestro rumbo.
Las universidades siguen en pie, sí. Pero resistir no puede ser el único plan. Sostener la educación pública no debe depender exclusivamente del esfuerzo de quienes la habitan. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar las condiciones para que ese esfuerzo se traduzca en oportunidades reales, pero si solo recae en quienes sostienen, lo que se pierde no es solo presupuesto, es capacidad, desarrollo y futuro.
